Por la salud integral y los derechos sexuales
y derechos reproductivos de mujeres y niñas.
En 1987, organizaciones sociales, de mujeres y feministas de todo el mundo acordaron conmemorar cada 28 de Mayo como el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. En 1988 se lanzó la Campaña para la Prevención de la Morbilidad y Mortalidad Materna, coordinada por la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos y la Red de Salud de las mujeres de Latinoamérica y del Caribe.
Hoy a más de 20 años, diversas organizaciones sociales de Uruguay, así como en otros países de la región y del mundo, aúnan sus esfuerzos para impulsar cambios y así revertir las condiciones que afectan la salud integral y los derechos sexuales y reproductivos, particularmente en mujeres y niñas.
La salud como un derecho humano no está garantizada para millones de mujeres, en especial para las más pobres y las más jóvenes, para mujeres que aman a otras mujeres, para quienes son inmigrantes o desplazadas, para aquellas que habitan zonas rurales o urbano marginales, para mujeres de distintas razas o etnias, para quienes tienen capacidades diferentes, entre otras condiciones. Para ellas, el cruce de discriminaciones, violencias y exclusiones las aleja cada día del goce de los derechos humanos consagrados.
En nuestro país a pesar de los avances registrados en las políticas públicas para asegurar el acceso universal a los servicios, existen importantes brechas y asuntos pendientes que nos alejan del ejercicio pleno del derecho a la salud. El no reconocimiento de las mujeres como ciudadanas plenas; el déficit en las políticas de redistribución de recursos materiales y simbólicos, así como la no universalidad de las prestaciones integrales y de calidad en salud sexual y reproductiva, impactan directamente en la vida y bienestar de mujeres de distintas edades y condiciones.
La sobrecarga en el trabajo no remunerado de las tareas domésticas y del cuidado de las personas dependientes; el estigma y la discriminación en sus diversas formas; las necesidades particulares insatisfechas de la población adolescente y joven; la persistente e impune violencia contra las mujeres y niñas; la penalización y clandestinidad del aborto; la feminización de las infecciones de transmisión sexual, en particular el VIH – sida y sífilis; la alta incidencia del cáncer genito – mamario; la no humanización de la atención del embarazo, parto y puerperio; la educación sexual no integrada a todos los niveles del sistema educativo; son algunos de los ejemplos.
La reglamentación de la ley 18426 con la incorporación de las prestaciones en salud sexual y reproductiva al Sistema Nacional Integrado de Salud, ha sido un paso importante pero no suficiente.
Resta un recorrido importante para asegurar integralidad y universalidad en la atención en salud que permita revertir las desigualdades sociales que afectan a las mujeres y sus derechos. Así como para favorecer y fortalecer la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones a todos los niveles de la definición, implementación y evaluación de las políticas públicas.
Concientes del derecho a exigir condiciones para ejercer los derechos sin exclusión ni discriminaciones, en este 28 de mayo sumamos nuestras voces para demandar:
§ Acceso universal, en todas las etapas de la vida, a la información y a servicios integrales de salud gratuitos o de bajo costo y de óptima calidad, para gozar de salud integral y de bien-estar.
§ Reconocimiento y respeto a la diversidad, en el diseño e implementación de los servicios.
§ Una vida libre de violencias, estigmas y discriminaciones.
§ Respeto ante las decisiones sobre el cuerpo y el ejercicio de la sexualidad sin tener riesgos ni consecuencias indeseables o inoportunas.
§ La legalización del aborto
§ Respeto por las decisiones reproductivas y poder regular la fecundidad con acceso a una amplia gama de métodos anticonceptivos eficaces, seguros y asequibles.
§ Atención de salud de la más alta calidad durante el embarazo, parto, puerperio o aborto.
§ Distribución equitativa en la responsabilidad del cuidado y atención de las familias y personas dependientes.
§ Promoción, prevención y atención ante infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH-sida.
§ Participación de la ciudadanía organizada, en igualdad de condiciones, en las instancias de decisión para que las demandas reales y urgentes tomen preeminencia.
§ Igualdad real de oportunidades para que todas las personas puedan acceder a los beneficios del desarrollo humano.
Extraido de:
MYSU - Mujer y Salud en Uruguay
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